La Ciudad de Buenos Aires dio un paso concreto hacia una transformación del sistema energético con impacto social. La Subsecretaría de Ambiente porteña presentó los resultados del primer estudio de prefactibilidad sobre energía solar comunitaria, una iniciativa que no solo propone un modelo de generación distribuida para viviendas sociales, sino que además coloca a los vecinos como protagonistas en la administración de sus propios recursos.
El trabajo, desarrollado junto al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y con asistencia técnica del City Climate Finance Gap Fund, exploró las posibilidades de implementación a partir de casos reales en barrios populares.
Los equipos técnicos relevaron experiencias en Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Barrio Padre Mugica y Barrio 20, todos espacios urbanos donde ya se realizaron intervenciones que incluyeron energías renovables. A partir de esos antecedentes, se evaluaron los aprendizajes acumulados, el marco normativo vigente y la factibilidad de replicar el modelo con una lógica escalable.
Según explicaron desde el gobierno porteño, el objetivo es abrir el camino a una transición energética sustentable con eje en la inclusión. “La energía solar comunitaria propone un esquema en el que los vecinos pueden decidir cómo generar, administrar y utilizar la energía de manera conjunta”. Con esa premisa, se busca que las comunidades no solo se beneficien del acceso a una fuente más limpia, sino que también participen activamente en la producción y gestión de la energía.
El estudio se convirtió en una herramienta clave para el diseño de políticas públicas con enfoque territorial, ya que aporta una radiografía detallada sobre las posibilidades de integración de energías limpias en entornos vulnerables. Durante la jornada de presentación, hubo presencia de múltiples actores institucionales que dieron cuenta del alcance intersectorial del proyecto.
Entre los asistentes figuraron representantes del Banco Mundial, el Banco Ciudad, la Unión Europea, ENEL, el European Investment Bank (EIB), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBA) y centros de investigación como el CEARE. También intervinieron consultoras como Poliarquía y GOPA-Infra GmbH, junto a funcionarios de diversas áreas del gobierno porteño y nacional.
El enfoque colaborativo fue uno de los puntos destacados por los organizadores. Desde el gobierno de la Ciudad plantearon que “la articulación entre diferentes sectores busca fortalecer las políticas energéticas y avanzar en la implementación de proyectos de energía renovable con impacto social”. En este marco, se analiza no solo la viabilidad técnica, sino también la dimensión económica, legal y social de una transición energética impulsada desde abajo.
La iniciativa toma forma en un contexto global en el que las energías limpias se posicionan como parte de la respuesta frente a la crisis climática y los desafíos del desarrollo urbano. A escala internacional, los desarrollos tecnológicos también avanzan para hacer de la energía solar una opción cada vez más accesible y eficiente. Y en ese sentido, la experiencia de Buenos Aires dialoga con las innovaciones que comienzan a expandirse en otras regiones del mundo.
Un modelo participativo
Las comunidades energéticas sostenibles se desarrollan a partir de la organización colectiva de ciudadanos, instituciones y empresas locales que deciden involucrarse activamente en la generación, gestión y consumo de energía renovable. Este modelo promueve un enfoque descentralizado y participativo que busca transformar la manera en que se produce y se utiliza la energía, favoreciendo la equidad social, la autonomía local y la reducción de emisiones contaminantes. Esto permite a las comunidades generar, gestionar y compartir energía de manera local, sostenible y eficiente.
El primer paso para su formación suele ser la identificación de una necesidad compartida, como el acceso a una energía más barata, estable o limpia. A partir de allí, se constituye una figura legal —cooperativa, asociación civil o consorcio— que actúa como entidad gestora del proyecto. Esta estructura permite tomar decisiones de manera democrática, asignar responsabilidades y acceder a financiamiento público o privado.
Una característica central de estas comunidades es su modelo de generación distribuida. En lugar de depender de grandes centrales energéticas, los miembros instalan paneles solares u otras fuentes renovables en techos, terrenos comunes o espacios públicos. La energía generada puede abastecer directamente a los usuarios o volcarse a la red eléctrica, con esquemas de compensación por la energía inyectada. Este mecanismo se conoce como balance neto o net billing y permite recuperar la inversión a mediano plazo.
La gestión de la energía se realiza de manera colectiva. Los participantes acuerdan cómo se distribuyen los costos y beneficios, cómo se realiza el mantenimiento de los equipos y qué estrategias se adoptan para ampliar la infraestructura. En muchos casos, también se incorporan tecnologías de almacenamiento o sistemas inteligentes para optimizar el consumo según la demanda.
Las comunidades energéticas sostenibles suelen tener un fuerte componente social. No solo se enfocan en la eficiencia técnica, sino también en garantizar el acceso equitativo a la energía. Esto puede incluir subsidios cruzados, tarifas diferenciadas para sectores vulnerables o la inclusión de viviendas sociales en el esquema. Además, se promueve la formación de capacidades locales mediante talleres, cursos y espacios de capacitación técnica.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de articular con gobiernos locales, universidades y organismos internacionales. Estas alianzas permiten acceder a fondos de inversión, asistencia técnica y marcos normativos favorables. En muchos países, existen leyes específicas que reconocen a las comunidades energéticas como actores del sistema y les otorgan beneficios fiscales o acceso preferencial a licitaciones.
En términos ambientales, el impacto positivo es notable. Al basarse en fuentes renovables como la solar o la eólica, se reduce la huella de carbono y se minimiza la dependencia de combustibles fósiles. Además, el uso eficiente de los recursos, sumado al reciclaje y mantenimiento adecuado de los equipos, refuerza la sostenibilidad del sistema.
En síntesis, las comunidades energéticas sostenibles combinan innovación tecnológica, organización social y compromiso ambiental para crear un modelo de gestión energética más justo, resiliente y alineado con los desafíos actuales.
