En un contexto de creciente saturación de la red de transporte eléctrico, el Gobierno nacional resolvió incorporar un nuevo mecanismo “para agilizar la ejecución de obras estratégicas”. Mediante la Resolución 311/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía habilitó la posibilidad de realizar ampliaciones del sistema de transmisión en alta tensión a través de concesiones de obra pública, permitiendo así que actores privados financien, construyan y operen este tipo de infraestructura.
La medida apunta a resolver los cuellos de botella que afectan a zonas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Noroeste (NOA), el Noreste (NEA), Cuyo y otras regiones del país donde la capacidad de transporte está al límite. Según informes técnicos de CAMMESA, el operador del Mercado Eléctrico Mayorista, “se observa un grado elevado de saturación que pone en riesgo la seguridad del abastecimiento”, especialmente en los períodos de alta demanda.
La nueva norma busca que los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) puedan promover y financiar obras de ampliación del sistema de transporte, con la posibilidad de recuperar la inversión a través de una tarifa regulada o del uso preferencial de la capacidad de transmisión.
El esquema contempla beneficios concretos para quienes participen: prioridad de despacho para su energía (especialmente importante para renovables) y prioridad de uso de hasta el 90 % de la capacidad disponible durante toda la vida útil de la obra, con opción de transferir ese derecho a otros usuarios.
«Resulta necesario establecer mecanismos que permitan viabilizar la ejecución de obras de transporte a través de procedimientos eficaces y transparentes», sostiene la resolución en sus considerandos, al justificar la inclusión del modelo concesional en el reglamento vigente.
Entre las ampliaciones que buscan activarse bajo este nuevo modelo se destacan:
- AMBA I: una de las zonas más críticas por demanda.
- Línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins.
- Línea 500 kV Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca: vital para evacuar generación renovable desde la Patagonia.
Según establece la normativa, CAMMESA y la Subsecretaría de Energía serán responsables de identificar las obras prioritarias y de confeccionar los pliegos licitatorios, con asistencia de organismos multilaterales y técnicos.
Además, contempla un tratamiento diferencial para proyectos de generación renovable. Si se demuestra que una obra impulsada por privados genera beneficios adicionales para el sistema —como permitir mayor integración de energías limpias—, quienes financien al menos el 15 % y demuestren avance físico podrán conservar la prioridad de uso sin tener que pagar cargos adicionales.
Además, la resolución establece que los contratos podrán prever mecanismos de cesión de los derechos de prioridad entre agentes del MEM, lo que abre la puerta a un mercado secundario de capacidad en la red.
Los beneficios para los inversores tendrán un plazo inicial de hasta dos años y medio, con opción de extender el uso de la capacidad prioritaria por el resto de la vida útil de la obra (se estima en un plazo mayor a 20 años). La norma ya está vigente y otorga facultades a la Subsecretaría para dictar reglamentaciones complementarias.
Con este paso, el Gobierno busca reactivar inversiones en transporte eléctrico de alta y extra alta tensión, una deuda estructural del sistema y destrabar proyectos que hoy no pueden avanzar por falta de capacidad para evacuar energía. El desafío ahora será atraer actores dispuestos a invertir, en un contexto donde la demanda energética sigue creciendo y la transición hacia fuentes renovables exige una red más robusta y flexible.
