El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca extender el régimen vigente para las inversiones en energías renovables, con el objetivo de brindar un marco más estable y previsible para el sector. Vale recordar que el régimen actual enmarcado en la ley 27.191 vence el 31 de diciembre de este año. La propuesta, impulsada por la diputada oficialista Lorena Villaverde, presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles, y el diputado Martín Maquieyra, contempla extender los beneficios fiscales hasta diciembre de 2045 y permitir que los grandes usuarios de energía puedan contratar directamente con generadores o comercializadores, sin la intermediación de CAMMESA.
Según el texto de la norma, la iniciativa busca “garantizar previsibilidad y atraer nuevas inversiones” en un contexto en el que la generación renovable representa hoy cerca del 18% de la demanda eléctrica nacional. De aprobarse, las exenciones impositivas sobre cánones, regalías y tributos específicos, que vencían a fines de 2025, se mantendrían por 20 años más. A groso modo, los beneficios incluyen amortización acelerada de ganancias, exenciones de IVA, exención de aranceles a la importación, entre otros. Además, con esta extensión de la norma se impide lisa y llanamente que se implementes nuevos impuestos sobre la generación renovable.
Otro de los puntos centrales es la habilitación de contratos directos entre privados, lo que modificaría el esquema actual en el que CAMMESA centraliza la compra de energía. El Gobierno argumenta que este cambio apunta a dinamizar el mercado, fomentar la competencia y reducir costos de transacción, en línea con su política de apertura y desregulación.
El proyecto también incorpora disposiciones para diversificar la matriz renovable, tanto en términos tecnológicos como geográficos. Se busca impulsar distintas fuentes —solar, eólica, biomasa, pequeñas hidroeléctricas y almacenamiento— y descentralizar las inversiones, promoviendo un desarrollo más equilibrado entre regiones. Además, se prevé la incorporación de sistemas de medición inteligente y nuevas herramientas de gestión de la demanda, siguiendo tendencias adoptadas en otros mercados.
En materia de seguridad jurídica, la propuesta introduce precisiones normativas orientadas a reducir la litigiosidad y brindar mayor certidumbre a los actores del sector. Esto incluye la protección de derechos adquiridos por los beneficiarios del régimen, una demanda recurrente de empresas e inversores.
Desde el punto de vista histórico, la normativa se inscribe en la continuidad de un marco regulatorio iniciado con la Ley 25.019 de 1998, que declaró de interés nacional la generación eléctrica eólica y solar, y la Ley 26.190 de 2006, que estableció metas para incorporar energías renovables en la matriz energética. No obstante, el verdadero impulso llegó con la Ley 27.191 de 2015, que fijó como objetivo alcanzar el 20% del consumo eléctrico renovable para 2025 y estableció beneficios fiscales más amplios, generando un crecimiento sostenido.
Gracias a los planes de incentivo incluidos en las diferentes rondas del Plan Renovar y en las subastas del Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), desde 2016, se instalaron aproximadamente 6.500 MW de potencia renovable y las inversiones acumuladas superan los USD 7.500 millones, con otros USD 4.500 millones en ejecución. Estos proyectos contribuyeron a reducir importaciones de combustibles y, en algunos casos, generaron excedentes exportables de gas.
El proyecto cuenta con el respaldo de parte del oficialismo y de actores del sector privado, que consideran necesaria una actualización del régimen vigente. Sin embargo, especialistas advierten que la apertura de contratos directos y la eliminación del rol central de CAMMESA podrían generar un cambio estructural en el mercado eléctrico y plantear nuevos desafíos en materia de regulación y control.
