El Gobierno Nacional adjudicó 660 MW en el “Alma-GBA”, superando en un 30% el objetivo inicial

La licitación para el proyecto de almacenamiento eléctrico en el AMBA finalizó con una adjudicación de 667 MW. La inversión prevista supera los US$ 540 millones.
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La Secretaría de Energía anunció la adjudicación de 667 MW para el proyecto “Alma-GBA”. El objetivo inicial era sumar 500 MW de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero la fuerte competencia entre oferentes permitió adjudicar un 30% más de capacidad. La inversión estimada asciende a US$ 540 millones y constituye la mayor apuesta de Argentina por el desarrollo de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), una tecnología que permitirá mejorar la confiabilidad del suministro y reducir el riesgo de apagones en la región más poblada del país.

La licitación de almacenamiento atrajo un interés inédito del sector privado: se presentaron 27 proyectos de 15 empresas, que en conjunto ofrecieron más de 1.347 MW de capacidad, con compromisos de inversión superiores a los US$ 1.000 millones. Tras un proceso de análisis, la Secretaría de Energía seleccionó los proyectos que ofrecieron mejores condiciones técnicas y económicas. Los contratos se firmarán con Edenor y Edesur, mientras que CAMMESA actuará como garante de pago de última instancia, asegurando la estabilidad financiera de la operatoria.

Finalmente resultaron ganadores 10 proyectos que fueron presentados por empresas importantes como Aluar, Central Puerto, Coral Energía, Genneia, MSU Green Energy, Rowing e YPF Luz.

El AMBA concentra el 40% del consumo eléctrico nacional, lo que lo convierte en la zona más crítica del sistema energético argentino. En los últimos años, los picos de demanda durante el verano pusieron en jaque a la infraestructura de distribución y transmisión, provocando cortes masivos que afectaron a millones de usuarios. El almacenamiento de energía mediante baterías busca aliviar este cuello de botella: permite cargar las baterías en horarios de baja demanda y liberar energía en momentos críticos, mejorando la gestión de la red y reduciendo la dependencia de generación térmica de emergencia, que suele tener costos mucho más elevados.

La licitación “Alma-GBA” se enmarca en el Plan de Contingencia Energética Nacional lanzado en 2024, que apunta a modernizar la infraestructura eléctrica y fortalecer la seguridad del SADI (Sistema Argentina de Interconexión). Según la Secretaría de Energía, la incorporación de 667 MW de capacidad flexible permitirá reducir significativamente los cortes de luz en el corto plazo y preparar la red para un futuro con mayor integración de energías renovables. En paralelo, se están evaluando proyectos de expansión de obras de transporte eléctrico. Sin embargo, los sistemas de almacenamiento ofrecen una solución inmediata mientras avanzan estas obras de infraestructura que pueden demorar varios años.

La Secretaría de Energía invitó a otros cinco desarrollos que no fueron adjudicados por precio “pero que no presentan limitaciones de transporte, a celebrar contratos de almacenamiento con las distribuidoras Edenor y Edesur a un valor de 12.591 USD/MWh-mes, inferior al que habían ofertado. Estos proyectos, que en conjunto suman 222 MW, deberán manifestar su aceptación por escrito ante CAMMESA en un plazo de cinco días hábiles”.

La iniciativa también representa un punto de inflexión para la política energética argentina. No sólo posiciona al país en la senda de los mercados que ya incorporan almacenamiento a gran escala (como Estados Unidos, España y Chile), sino que además sienta un precedente regulatorio para futuros desarrollos. En un contexto de alta demanda, tarifas segmentadas y limitaciones de infraestructura, las baterías permiten operar la red con mayor eficiencia y flexibilidad, reduciendo la probabilidad de saturación y optimizando el uso de la generación existente.

La adjudicación del “Alma-GBA” es una de las decisiones estratégicas más relevantes de los últimos años en materia de energía. No sólo por su aporte directo a la confiabilidad del suministro, sino también por el efecto de atracción de capitales en un sector que necesita inversiones urgentes. Si los proyectos se implementan dentro de los plazos previstos, se espera que para el verano de 2027 la región más densamente poblada del país cuente con un sistema eléctrico más estable, capaz de responder con rapidez a la creciente demanda, a la vez que se integran progresivamente fuentes renovables y generación distribuida.

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