Luego de varias semanas de acusaciones cruzadas y amenazas de imposición de hasta 145% sobre los productos comerciales provenientes de China y otros países asiáticos, el gobierno de Donald Trump firmó una tregua de 90 días para seguir avanzando con las negociaciones comerciales entre funcionarios de las dos mayores economías del mundo.
Washington acordó este 12 de mayo reducir de 145% a 30 % los aranceles para el gigante asiático. Por su parte, Beijing rebajará los gravámenes a EE.UU. del 125% al 10%. Así lo anunciaron el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una conferencia de prensa en Ginebra.
En las últimas semanas un fuerte revuelo en la industria solar se originó a raíz del anuncio original de imposiciones arancelarias, donde se mezclaron intereses geopolíticos, tensiones comerciales y la urgente necesidad de impulsar una transición energética limpia.
El detonante de esta decisión no es nuevo. Durante años, fabricantes estadounidenses denunciaron prácticas comerciales desleales por parte de grandes compañías chinas que, según alegan, inundan el mercado con productos a precios artificialmente bajos gracias a subsidios estatales. Este fenómeno, conocido como dumping, no sólo pone en jaque a los productores locales, sino que también distorsiona los precios internacionales y dificulta el desarrollo de una cadena de valor solar sólida en suelo estadounidense.
En 2023, un grupo de fabricantes solares encabezado por Hanwha Q-Cells, de Corea del Sur, y la estadounidense First Solar Inc., junto con varios productores más pequeños, presentó una queja formal ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (ITC). Según la denuncia, empresas chinas con operaciones en Malasia, Camboya, Tailandia y Vietnam habrían utilizado estos países como plataforma para eludir aranceles previos impuestos directamente sobre China.
El caso derivó en una investigación por parte de las autoridades estadounidenses que terminó con un fallo preliminar a finales del año pasado. Pero fue recién en estos últimos días que se conocieron los aranceles definitivos propuestos, que en algunos casos alcanzan niveles tan altos que amenazan con reconfigurar el mapa global del suministro solar.
El nuevo esquema arancelario establece derechos antidumping y compensatorios que varían según la empresa y el país de origen. En el caso de Camboya, los aranceles superan el 3500 %, una cifra histórica que se explica por la negativa de sus fabricantes a cooperar con la investigación estadounidense.
Hace unas semanas, Trump había fijado un arancel de hasta un 145% sobre productos chinos, mientras que China contestó elevando sus tarifas a un 125% sobre bienes estadounidenses. Según expertos en el sector energético, si esa medida hoy estuviese vigente, empresas como Sunshine Electrical y Taihua New Energy de Tailandia, enfrentarían gravámenes del 972%, mientras que en Vietnam, firmas como GEP New Energy y HT Solar tendrían aumentos del 813%. Incluso en los casos más bajos, como el de Jinko Solar de Malasia, las tasas combinadas alcanzan un 41,56 %.
El abogado Tim Brightbill, representante del Comité Comercial de la Alianza Estadounidense para la Manufactura Solar, afirmó que “las prácticas comerciales desleales de las empresas chinas en estos cuatro países perjudicaron a la industria estadounidense de fabricación de energía solar durante demasiado tiempo”.
Más allá de que ahora Trump dio marcha atrás con la medida, para que los aranceles entren en vigor oficialmente resta que la Comisión de Comercio Internacional (ITC) emita un fallo definitivo determinando si la industria solar local fue efectivamente dañada por las importaciones objeto de dumping.
Las repercusiones de esta medida ya comenzaron a sentirse en el mercado global. Las importaciones provenientes de los países señalados, que en 2024 representaron más de US$10 mil millones –la mayoría del suministro de paneles solares en EE.UU.– se desplomaron. En su lugar, empezaron a crecer las exportaciones desde Laos e Indonesia, lo que anticipa un reacomodamiento de las cadenas de suministro.
La medida generó una fuerte división dentro del propio sector solar estadounidense. Por un lado, los fabricantes locales celebran lo que consideran un respaldo concreto a sus inversiones. Por otro, las empresas que ensamblan paneles en EE.UU. con celdas importadas –una práctica muy común– temen que los aumentos de precios los dejen fuera de competencia en un mercado en rápida expansión.
Desde la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés) advirtieron que, de aplicarse los nuevos aranceles, podrían ralentizar el crecimiento del sector y complicar el cumplimiento de los ambiciosos objetivos climáticos del país. Cabe recordar que muchas de las fábricas que ensamblan paneles solares en EE.UU. dependen casi exclusivamente de celdas importadas, ya que no existe aún una infraestructura productiva nacional capaz de abastecer la demanda.
Más allá de la nueva política arancelaria, la política comercial del gobierno de Donald Trump hacia el sector energético había comenzado a endurecerse antes. A través de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la administración Trump reactivó en enero los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, lo que ha encarecido materiales clave para la construcción de estructuras solares.
Además, mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), impuso un arancel del 20% sobre productos importados de China, que se sumó a un 25 % aplicado a Canadá y México en etapas posteriores. Si bien estas medidas no afectaron directamente al precio de los módulos solares, sí encarecieron componentes como transformadores eléctricos, bastidores y contenedores para baterías.
En ese contexto, empresas como Clean Energy Associates (CEA) evaluaron que el impacto sobre los proyectos solares y de almacenamiento sería moderado. “Los bastidores sólo representan alrededor del 6% del costo total de los sistemas BESS en contenedores”, señalaron en un informe, relativizando el efecto de las tarifas. Sin embargo, también advirtieron que los productores nacionales estaban elevando precios ante la falta de competencia, lo que podría tener consecuencias más amplias a largo plazo.
Uno de los ejes centrales del debate es si este tipo de políticas proteccionistas ayudan a fortalecer la industria local o si, por el contrario, terminan perjudicando a los consumidores, encareciendo productos esenciales y obstaculizando la transición energética. La creación de un nuevo subsidio a la fabricación de energía limpia en 2022 impulsó la instalación de nuevas fábricas de paneles solares en los Estados Unidos, pero éstas aún no producen suficientes celdas para abastecer la creciente demanda nacional.
Para los críticos de los aranceles, la medida es una respuesta tardía que no resuelve el problema de fondo: la necesidad de desarrollar una industria de base sólida, con capacidad para competir a nivel internacional, sin depender de barreras comerciales.
A esto se suma un factor geopolítico de fondo. El enfrentamiento comercial entre los Estados Unidos y China se profundizó en los últimos años, y la energía limpia se convirtió en un campo estratégico. La competencia por el dominio de las tecnologías del futuro –desde los paneles solares hasta las baterías y los vehículos eléctricos– está reconfigurando las relaciones globales.
En los próximos meses, todos los ojos estarán puestos en la decisión final de ambos gobiernos. Lo cierto es que el caso revela una tensión creciente entre dos prioridades estratégicas de los Estados Unidos: proteger la industria nacional y avanzar con rapidez hacia una economía descarbonizada.
La pregunta clave es si ambos objetivos pueden alcanzarse al mismo tiempo o si, como temen algunos analistas, una estrategia excesivamente defensiva podría terminar frenando la revolución energética que el planeta tanto necesita.
