La reforma energética impulsada por el gobierno argentino plantea una transformación profunda del sector eléctrico y gasífero nacional. A través de una serie de decretos, resoluciones y la ya sancionada Ley Bases N° 27.742, se busca “modernizar el sistema energético, descentralizar funciones clave, establecer mecanismos de competencia, garantizar inversiones y viabilizar un esquema tarifario que refleje los costos reales del servicio”.
Uno de los ejes más relevantes de esta transformación es la redefinición del rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), el avance hacia un sistema con libre competencia en el abastecimiento energético y las posibles implicancias que este nuevo esquema puede tener sobre el desarrollo de fuentes renovables.
La reforma tiene su origen en la declaración de emergencia del sector energético nacional mediante el Decreto 55/2023, prorrogada hasta julio de 2025 por el Decreto 1023/2024. Esta normativa declara la emergencia en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural bajo jurisdicción federal, y autoriza al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes para normalizar el sistema.
En esta línea, la Ley Bases publicada en julio de 2024 profundiza el proceso, al declarar la emergencia pública en materia energética por un año y facultar al Ejecutivo a adecuar las leyes 15.336 y 24.065. Entre los objetivos principales se encuentran promover la apertura del comercio internacional de energía eléctrica, garantizar la libre comercialización y competencia en el sector, adecuar tarifas y fomentar inversiones mediante mecanismos transparentes y competitivos.
Redefinición del rol de CAMMESA
Uno de los cambios más significativos es la reconfiguración del papel que desempeña CAMMESA en el sistema eléctrico. Hasta ahora, la empresa privada con conducción de la Secretaría de Energía venía gestionando de forma centralizada gran parte de la operación del mercado eléctrico mayorista, incluyendo la compra de combustibles, de energía, la gestión del despacho y la administración de contratos de abastecimiento.
Con la nueva normativa, se busca descentralizar estas funciones y transformar a CAMMESA en un operador más acotado, enfocado en tareas técnicas de evaluación y planificación. De acuerdo con los nuevos lineamientos, CAMMESA deberá evaluar anualmente las necesidades de incorporación de energía y potencia para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con un horizonte de tres años y recomendar licitaciones centralizadas sólo en caso de ser necesario, por cuenta y orden de los distribuidores o demandantes.
Asimismo, CAMMESA conservará temporalmente la gestión de combustibles para algunos contratos vigentes, aunque progresivamente se habilita a los generadores a gestionar de forma autónoma sus insumos energéticos, especialmente en el caso de la generación térmica.
La reforma introduce un modelo de competencia abierta mediante la habilitación del Mercado a Término de Energía (MaT) y el Mercado a Término de Potencia, dos instrumentos que permiten a generadores y grandes usuarios contratar libremente energía y potencia, fuera del sistema centralizado.
El MaT de Energía está orientado al desarrollo de nuevas inversiones en generación, permitiendo contratar costos variables del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como operación, mantenimiento y combustibles, a través de contratos mensuales de generación real. Por su parte, el MaT de Potencia permitirá a generadores y usuarios negociar directamente la capacidad firme (infraestructura y respaldo físico) mediante contratos con condiciones pactadas entre privados.
Ambos mercados implican una apertura importante del sistema, donde los generadores definirán prioridades de asignación y los contratos tendrán completa libertad en cuanto a precio, cantidad y plazo. Distribuidores y grandes usuarios (GU) podrán contratar directamente con los generadores, mientras que la demanda prioritaria (residencial, comercial y sectores sensibles) continuará siendo abastecida con precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía.
Implicancias para el desarrollo renovable
Uno de los interrogantes clave frente a la reforma es su impacto sobre el desarrollo de energías renovables, que en los últimos años creció a través de mecanismos como el programa RenovAr o el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
La nueva normativa mantiene la posibilidad de participación de generadores renovables en el MaT, incluso incentivando su inserción en un esquema de contratación directa. Los contratos podrán celebrarse con uno o varios generadores, y contemplarán asignación mensual de energía con prioridad definida por el generador. No obstante, la demanda prioritaria no cubierta por generación existente sólo podrá contratar con renovables bajo ciertas condiciones técnicas y de capacidad.
Esto abre oportunidades para la expansión renovable, especialmente en proyectos nuevos o con tecnología flexible. Sin embargo, la viabilidad dependerá en buena medida del marco tarifario, la evolución de los precios marginales del sistema y las condiciones económicas que surjan del nuevo régimen de competencia.
Otro aspecto clave de la reforma es la progresiva liberalización del sistema de abastecimiento de combustibles para la generación térmica. A partir de marzo de 2025, los costos de combustibles autogestionados por los generadores son reconocidos según precios de referencia, incluyendo fletes, impuestos y costos de transporte y distribución de gas natural.
Los generadores térmicos que operan en el mercado spot pueden gestionar sus propios combustibles o recurrir a CAMMESA como proveedor de última instancia. El despacho de gas natural mantiene un esquema de prioridad basado en contratos del Plan Gas, vigente hasta fines de 2028, pero se habilita el acceso a transporte excedente mediante procedimientos competitivos.
Asimismo, la reforma habilita la importación y exportación de energía mediante acuerdos bilaterales entre prestadores privados, con autorización de la Secretaría de Energía. Esta medida busca fomentar la integración energética regional bajo criterios de eficiencia y mínimo costo para el MEM.
Uno de los pilares de la reforma es la implementación de un sistema tarifario que refleje los costos reales del suministro. Se prevé una revisión tarifaria integral para las prestadoras de servicios públicos, cuya entrada en vigencia no podrá exceder el 9 de julio de 2025. El objetivo es asegurar niveles de ingresos adecuados para cubrir las necesidades de inversión y garantizar la calidad y continuidad del servicio.
También se busca establecer un sistema de señales de precios para la demanda, que permita a los usuarios tomar decisiones de consumo más informadas. En este sentido, se promoverá la explicitación de todos los componentes del precio final, incluyendo energía, transporte e impuestos.
La reforma energética propuesta por el gobierno representa un giro estructural en el funcionamiento del sistema eléctrico y gasífero nacional. Al descentralizar funciones, habilitar mercados a término y permitir la autogestión de recursos por parte de los generadores, buscan construir un mercado más eficiente, competitivo y sustentable.
El nuevo rol de CAMMESA, limitado a funciones técnicas y de planificación, marca el fin de un modelo centralizado que rigió por más de dos décadas. La libre competencia abre nuevas oportunidades, aunque también desafíos regulatorios y económicos, especialmente para el desarrollo renovable y la garantía de acceso equitativo a la energía.
Resta por ver cómo se implementarán estos cambios en la práctica y cuál será su impacto en la calidad del servicio, los precios al usuario final y la sustentabilidad del sistema energético argentino.
